Por Madelyn Johnson
JACKSON – Grayson Foley y EJ Martin, seminaristas de la Diócesis de Jackson que actualmente estudian en el Seminario Notre Dame de Nueva Orleans, planificaron su peregrinación a Italia con meses de antelación. Lo que no sabían era que su visita se convertiría en una experiencia única en la vida.
Los dos fueron llamados a unirse a la Peregrinación de la Esperanza por Roma. Después de reservar su viaje en febrero, se sorprendieron al saber que un nuevo papa, el papa León, había sido elegido el día antes de su vuelo a Roma.

Durante su estancia en Roma, Grayson y EJ visitaron a otros seminaristas en el Pontificio Colegio Norteamericano y pasaron tiempo con el hermano mayor de EJ, Sterling Foley, seminarista de los Legionarios de Cristo con sede en su Casa de Formación en Roma. El trío recorrió la ciudad y visitó las cuatro basílicas principales, atravesando cada Puerta Santa durante este Año Jubilar.
“Atravesamos todas las Puertas Santas de las basílicas, rezando continuamente por la gente de nuestra tierra, Misisipi, y por aquellos que hicieron posible el viaje”, dijo Grayson Foley.
Poco después de su llegada, se supo que la misa de investidura del papa León, el primer papa estadounidense, tendría lugar el 18 de mayo. Los seminaristas se enfrentaron a una decisión: ¿debían quedarse y servir en la histórica misa? La respuesta era clara: sí.
Gracias a la hospitalidad de los seminaristas legionarios de Cristo, se consiguieron entradas para EJ, Grayson y Grant Caillouet, un seminarista de la diócesis de Baton Rouge, para ayudar en la distribución de la comunión durante la misa de toma de posesión en la basílica de San Pedro. Asistieron casi 20.000 personas. Se sentaron a la derecha del altar y permanecieron allí hasta el Credo.
“Durante el Credo de la misa, nos llevaron a la capilla de adoración dentro de San Pedro”, recordó Grayson. “Cuando EJ y yo entramos en la gigantesca y vacía basílica de San Pedro, se estaba cantando la parte del Credo en la que se dice: ‘Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam’, que se traduce como ‘Y (creo en) una Iglesia santa, católica y apostólica’. La impresionante vista de la iglesia de San Pedro y lo fundamental que es ese lugar para la Iglesia me hizo llorar, pero tuve que contenerme porque estábamos a punto de distribuir la comunión”.
A cada seminarista se le dieron 100 hostias para distribuir entre los miles de asistentes a la histórica misa. Se adentraron entre la multitud gritando “¡Corpus Christi!” mientras daban la Eucaristía a los fieles.
“EJ es alto y tiene los brazos largos, y distribuyó la comunión a tantas personas como pudo”, dijo su madre, Dana Martin, que presenció el evento a través de la retransmisión en directo. “Había barreras que retenían a la gente detrás del pasillo y EJ seguía abriéndose paso entre la multitud con la comunión: ¡Corpus Christi! ¡Corpus Christi! ¡Corpus Christi!”.

Cuando terminaron de repartir las hostias, la multitud los separó. Grayson encontró el camino de vuelta al interior de San Pedro y fue testigo de cómo el papa León saludaba a dignatarios de todo el mundo, incluidos el rey y la reina de Francia.
EJ reflexionó: “Estar tan cerca de la toma de posesión del primer papa estadounidense fue increíble. Rezar con Jesús en mis manos en una basílica de San Pedro vacía fue increíble. Pero lo más increíble fue distribuir la comunión a la gente. Qué felices estaban de recibir a Jesús en esa misa. Probablemente, estas personas habían estado esperando más de cinco horas para tener esta oportunidad. Fue una experiencia tan bendita que nunca la olvidaré”.

Por Kate Scanlon
WASHINGTON (OSV News) – El presidente Donald Trump firmó el 4 de julio un proyecto de ley de reconciliación fiscal que implementa gran parte de su agenda legislativa sobre impuestos e inmigración durante una ceremonia del Día de la Independencia en la Casa Blanca.
“Nuestro país ha tenido mucho que celebrar este Día de la Independencia al entrar en nuestro 249.º aniversario. Estados Unidos está ganando, ganando, ganando como nunca antes”, declaró Trump en la ceremonia.
“Hemos declarado oficialmente permanentes los recortes de impuestos de Trump”, añadió. “Es el mayor recorte de impuestos en la historia de nuestro país. … Después de que esto entre en vigor, nuestro país será un cohete, económicamente”.
Previamente, la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó el 3 de julio la “One Big Beautiful Bill Act” (la Gran y Hermosa Ley) con una votación de 218 a 214.
El Senado aprobó previamente el paquete de reconciliación el 1 de julio, después de que Trump los instara a hacerlo antes del 4 de julio.

Los líderes católicos han elogiado y criticado alternativamente diversas disposiciones de la legislación. Sin embargo, en una alerta de acción enviada por correo electrónico a sus partidarios el 1 de julio, la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. finalmente declaró que el proyecto de ley “actualmente perjudica a las familias más pobres”.
Solo dos republicanos – los representantes Thomas Massie, de Kentucky, y Brian Fitzpatrick, de Pensilvania – votaron en contra de la medida. Massie mencionó el aumento proyectado de la deuda nacional, mientras que Fitzpatrick, quien es católico, mencionó cómo los recortes a Medicaid afectarían a su distrito.
El arzobispo Timothy P. Broglio, presidente de la USCCB y jefe de la Arquidiócesis de EE.UU. para los Servicios Militares, declaró el 3 de julio tras la votación que él y los obispos habían instado “repetida y consistentemente” a los legisladores a garantizar que el proyecto de ley ayudara a las familias necesitadas y a “cambiar de rumbo” en aspectos “que perjudican a los pobres y vulnerables”.
“La versión final del proyecto de ley incluye recortes abusivos a la atención médica y la asistencia alimentaria, recortes de impuestos que aumentan la desigualdad, disposiciones migratorias que perjudican a familias y niños, y recortes a programas que protegen la creación de Dios”, declaró el arzobispo Broglio. “El proyecto de ley, tal como se aprobó, causará el mayor daño a las personas especialmente vulnerables de nuestra sociedad. Con la entrada en vigor de sus disposiciones, las personas perderán el acceso a la atención médica y tendrán dificultades para comprar alimentos, las familias se separarán y las comunidades vulnerables estarán menos preparadas para afrontar los impactos ambientales de la contaminación y las condiciones climáticas extremas”.
El presidente de la USCCB afirmó: “Se debe hacer más para prevenir estos efectos devastadores”. Señaló que la propia enseñanza de la Iglesia sobre la dignidad humana y el bien común la obliga a “redoblar esfuerzos y ofrecer ayuda concreta a quienes más la necesiten, así como a seguir abogando por iniciativas legislativas que brinden mejores oportunidades en el futuro para quienes la necesiten”.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Louisiana, declaró en una conferencia de prensa posterior a la votación que los republicanos “no querían desperdiciar la oportunidad” de controlar ambas cámaras del Congreso y la Casa Blanca para promulgar la agenda de Trump.
“Muchas de las estimaciones sobre el impacto negativo que esta legislación tendría en las comunidades de mi estado o de cualquier otro son exageradas”, declaró Johnson al ser preguntado sobre las críticas al proyecto de ley por parte de grupos religiosos de su estado. “Les puedo asegurar que este proyecto de ley será muy beneficioso para todos en el país, especialmente para mis electores. Lo que es bueno para Louisiana es bueno para Estados Unidos”.
Durante su discurso de ocho horas y 44 minutos en el pleno – parte de un procedimiento de la Cámara conocido como el “minuto mágico”, en el que los miembros del liderazgo pueden hablar todo el tiempo que deseen durante los discursos de “un minuto” sin restar tiempo extra al debate –, Jeffries dijo: “Me levanto hoy en firme oposición a la repugnante abominación de Donald Trump”.
Jeffries afirmó que la legislación “destruye Medicaid, priva de comida a niños, ancianos y veteranos, y recompensa a los multimillonarios con enormes exenciones fiscales”.
La Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad no partidista, estimó que casi 12 millones de personas perderán su cobertura médica bajo la legislación.
Ingrid Delgado, directora nacional de políticas públicas y defensa de la Sociedad de San Vicente de Paúl EE.UU., declaró a OSV News: “Estos grandes recortes a la red de seguridad social son realmente preocupantes, por el impacto que tendrán en los más marginados”.
“La Iglesia Católica considera el acceso a la alimentación y a la atención médica como derechos humanos fundamentales”, afirmó Delgado. “Por lo tanto, quienes acceden al SNAP en nuestro país y a Medicaid son nuestros hermanos y hermanas más marginados y pobres”.
Delgado añadió que los recortes a estos programas podrían llevar a “más personas (a estar) sin seguro, sin comida y en riesgo de quedarse sin hogar”.
La legislación aumentará significativamente los fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza, mientras la administración Trump busca implementar sus políticas migratorias de línea dura, incluyendo la deportación masiva de inmigrantes sin autorización legal para vivir y trabajar en Estados Unidos. Autorizó cerca de 150 mil millones de dólares en nuevos gastos para inmigración y control fronterizo. Antes de la aprobación del proyecto de ley, el vicepresidente J.D. Vance promocionó el control migratorio como la razón principal por la que creía que los republicanos del Congreso debían aprobarlo.
Sin embargo, otros celebraron una disposición de la legislación que retiraría fondos a Planned Parenthood solo por un año – en comparación con la propuesta original de 10 años – y la financiación se reanudaría posteriormente.
Marjorie Dannenfelser, presidenta de Susan B. Anthony Pro-Life America, declaró a OSV News el día antes de la votación de la Cámara de Representantes que “este es el posible punto culminante del primer año en el que los contribuyentes federales no se ven obligados a financiar grandes abortos, y eso sería enorme”.
En una campaña de recaudación de fondos en su sitio web, Planned Parenthood afirmó que el impacto de la legislación “será inmediato y devastador”.
La Oficina de Presupuesto del Congreso, entidad no partidista, estimó que la legislación aumentaría el déficit en casi 3,3 billones de dólares entre 2025 y 2034. La deuda nacional de Estados Unidos asciende actualmente a 36,2 billones de dólares y tiene consecuencias para el resto de la sociedad.
Una carta del 26 de junio dirigida a los senadores de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos elogió la disposición que despojaría de fondos a Planned Parenthood, a la vez que se opuso a otras que, según ellos, aumentarían los impuestos a los trabajadores pobres y, al mismo tiempo, otorgarían grandes recortes fiscales a los más ricos. La carta añadía: “Por ello, millones de familias pobres no podrán permitirse una atención sanitaria que les salve la vida y tendrán dificultades para comprar alimentos para sus hijos. Algunos hospitales rurales probablemente cerrarán”. Los obispos calificaron estas disposiciones de “inconcebibles e inaceptables”.
Ese mismo día, 20 obispos católicos estadounidenses firmaron una iniciativa interreligiosa que instaba al Senado a rechazar el proyecto de ley, citando, entre otras preocupaciones, los recortes a la asistencia nutricional y a Medicaid, y su impacto en los inmigrantes, calificándolo de “draconiano” y un “fracaso moral”.

(Kate Scanlon es reportera nacional de OSV News y cubre Washington. Síguela en @kgscanlon.)

Más información en
Mississippi Catholic.com

Lee cómo 20 obispos de EE.UU. se unieron a un esfuerzo interreligioso que calificó la legislación como un “fracaso moral” en: http://bit.ly/46FXEPN

Para un análisis sobre cómo la ‘Gran y Hermosa Ley’ podría tener un impacto “sin precedentes” en los inmigrantes, visita: http://bit.ly/3Is31bf

JACKSON – El obispo Joseph R. Kopacz y la Diócesis de Jackson se regocijan en nombre de la Arquidiócesis de Mobile por el nombramiento por parte del papa León XIV del arzobispo Mark S. Rivituso como tercer arzobispo de Mobile. Es originario de la Arquidiócesis de St. Louis, donde ha ejercido como obispo auxiliar desde 2017.
Pedimos al Señor Jesús que le conceda sus mejores bendiciones durante este periodo de transición de San Luis a Mobile. Puede estar seguro de que recibirá una calurosa bienvenida a la provincia de Mobile como nuevo arzobispo.
Asimismo, elevamos nuestras oraciones de inmensa gratitud al arzobispo Thomas J. Rodi por su notable liderazgo como arzobispo de Mobile desde 2009 y, anteriormente, como obispo de Biloxi durante la catástrofe natural del Katrina. Ha sido verdaderamente un apóstol del Golfo como canciller y vicario general en Nueva Orleans, obispo de Biloxi y arzobispo de Mobile.
Que el Señor siga haciendo brillar su rostro sobre este buen y fiel servidor en su jubilación.

NACIÓN
WASHINGTON (OSV News) – La Iglesia Católica “mantiene su postura de no apoyar ni oponerse a los candidatos políticos”, dijo la portavoz de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU., Chieko Noguchi, a raíz de un reciente caso judicial en el que una prohibición federal de larga data contra tal actividad parecía haberse relajado parcialmente. Noguchi hizo esta declaración el 8 de julio, un día después de que el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) aceptara en un juicio que una casa de culto que hable a sus fieles de política electoral en el contexto de la fe religiosa no viola la Enmienda Johnson. Dicha disposición del código tributario de EE.UU. prohíbe a las organizaciones 501(c)(3) – un tipo de organización sin ánimo de lucro exenta de impuestos según el código tributario estadounidense, y la estructura corporativa típica de las iglesias, comunidades de culto y organizaciones benéficas del país – participar en actividades de campaña política. Sin embargo, dijo Noguchi, “El IRS estaba abordando un caso específico, y no cambia la forma en que la Iglesia Católica participa en el debate público”. Y añadió: “La Iglesia trata de ayudar a los católicos a formar su conciencia en el Evangelio para que puedan discernir qué candidatos y políticas promoverían el bien común”.

VATICANO
CASTEL GANDOLFO, Italia (CNS) – Después de más de una década sin su veraneante más famoso, la tranquila ciudad de Castel Gandolfo vuelve a contar con el Papa entre sus residentes de verano. El Papa León XIV se convirtió en el decimosexto Papa en residir en la residencia papal de verano cuando se trasladó allí el 6 de julio, tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. “Esta tarde me trasladaré a Castel Gandolfo, donde pienso permanecer para un breve período de descanso”, dijo el Papa a los peregrinos reunidos en la plaza. “Deseo a todos que puedan disfrutar de un tiempo de vacaciones para reponer fuerzas físicas y espirituales”. La tradición de que los pontífices escapen del calor veraniego de Roma para trasladarse a las más frescas colinas de Alban comenzó con el papa Urbano VIII en 1626. En 2016, el Papa Francisco convirtió la propiedad papal en un museo, abriendo la villa y los jardines al público.

MUNDO
BOGOTÁ, Colombia (OSV News) – Las autoridades colombianas continuaron la búsqueda del padre Carlos Jaimes Guerrero, un sacerdote agustino de 30 años que desapareció el 17 de junio cerca de Viotá, al suroeste de Bogotá. Su camioneta fue encontrada abandonada más tarde, con el motor en marcha, sin signos de violencia y sin rastro alguno de él. Su familia ha pedido públicamente su liberación, y los lugareños han organizado vigilias y rezos. La búsqueda se produce en medio de la conmoción nacional por otra tragedia: el 1 de julio, las autoridades confirmaron que ocho misioneros evangélicos y protestantes, secuestrados en abril por disidentes de las FARC en Guaviare, fueron encontrados asesinados y enterrados en una fosa común. Las autoridades afirman que los guerrilleros atacaron al grupo para impedir que grupos rivales ganaran influencia. Los líderes eclesiásticos advierten que los grupos armados y los cárteles siguen aterrorizando a las comunidades y atacando especialmente a los líderes religiosos. Los agustinos piden oraciones y cooperación mientras se intensifica la investigación sobre la desaparición del padre Jaimes. «Las desapariciones siempre han formado parte de las graves violencias cometidas por los grupos armados aquí, incluidas las de personas religiosas», afirmó el teólogo Heyner Hernández Díaz. Destacó que los grupos guerrilleros y los cárteles de la droga se disputan territorios en muchas zonas de Colombia.

Vírgenes y Santos

Santa María Magdalena
22 de julio

Santiago, Apóstol
25 de julio

Santos Joaquín y Ana, padres de la bienaventurada virgen María
26 de julio

Santos Marta, María y Lázaro
6 de agosto

Santo Domingo de Guzmán
8 de agosto

Asunción de la Bienaventurada Virgen María
15 de agosto

San Pío, papa
21 de agosto

Bienaventurada Virgen María, Reina
22 de agosto

Santa Rosa de Lima
23 de agostoo

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Por Justin McLellan, Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — Casi cuatro años después de que el Papa Francisco abriera el camino de la Iglesia Católica hacia la sinodalidad — un término que muchos en la Iglesia desconocían — , su sucesor ha dado su apoyo a la última etapa del camino sinodal.

El Sínodo de los Obispos, que admitió con derecho a voto a mujeres, laicos y otros no obispos durante sus dos asambleas universales de octubre de 2023 y 2024, “conserva naturalmente su identidad institucional, al tiempo que se enriquece con los frutos madurados en esta temporada”, declaró el Papa León XIV al consejo ordinario del sínodo el 26 de junio. “Y ustedes son el cuerpo encargado de recoger estos frutos y de participar en una reflexión orientada hacia el futuro”.

Durante dos días, el consejo se reunió para aprobar un documento para la etapa final de implementación del sínodo, destinado a mejorar el diálogo entre las iglesias locales y la oficina sinodal del Vaticano, según informó la Secretaría General del Sínodo de los Obispos en un comunicado el 30 de junio. El documento se publicará el 7 de julio en www.synod.va.

El consejo también analizó la labor de los grupos de estudio instituidos por el Papa Francisco para abordar temas polémicos, como la ordenación femenina y los cambios en la formación sacerdotal.

Los grupos de estudio debían presentar informes provisionales sobre sus conclusiones en junio de 2025, pero la oficina sinodal señaló que, debido al fallecimiento del papa Francisco y a la elección del papa León XIV, se han producido retrasos. De acuerdo con el Papa León XIV, la fecha límite para presentar los informes finales se extendió hasta el 31 de diciembre de 2025, y los informes provisionales se publicarán en el sitio web de la oficina sinodal a medida que se reciban, según se indicó.

Según la constitución apostólica “Universi Dominici Gregis”, que rige los procedimientos cuando el papado está vacante, un concilio o Sínodo de Obispos se suspende inmediatamente cuando un papa fallece o renuncia. Todas las reuniones, decisiones y promulgaciones deben cesar hasta que un nuevo papa ordene explícitamente su continuación; de lo contrario, se considerarán nulas.

El difunto Papa inauguró la fase diocesana del proceso sinodal mundial en octubre de 2021, programada originalmente para culminar con una asamblea presencial en Roma en octubre de 2023. Tras un año de escucha, se celebró otra asamblea en octubre de 2024, y en marzo, el Papa Francisco inauguró una fase de implementación del sínodo de tres años que culminará en una asamblea eclesial en el Vaticano en octubre de 2028.

El Papa León XIII dijo al consejo ordinario del sínodo el 26 de junio: “Los animo en esta labor, rezo para que sea fructífera y desde ahora les estoy agradecido”.
La Secretaría General del Sínodo de los Obispos afirmó que el documento, titulado “Pistas para la fase de implementación del Sínodo”, es una guía práctica y teológica para los obispos diocesanos y los equipos sinodales en la aplicación local de las propuestas finales del sínodo.

La oficina sinodal señaló que esta fase del proceso sinodal “corresponde sobre todo a las Iglesias locales”, encargadas de traducir las “propuestas autorizadas” de la asamblea sinodal en prácticas pastorales concretas en sus respectivos contextos. Al mismo tiempo, la oficina sinodal afirmó que las directrices se elaboraron para responder a las preguntas planteadas por obispos y líderes diocesanos en los últimos meses y que su objetivo es apoyar, no sustituir, el discernimiento local.

El cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo de los Obispos, reconoció en su discurso inaugural de la reunión del consejo que persisten “dificultades y resistencias” al proceso sinodal. Añadió que, si bien algunas diócesis ya han comenzado la fase de implementación con entusiasmo, otras esperan con inquietud las próximas directrices.

“Estas posiciones contrarias no deben pasarse por alto”, afirmó. “Más bien, diría que deben interpelarnos profundamente”.

El cardenal Grech propuso establecer un foro permanente, al que denominó “Mesa de la Sinodalidad”, para fomentar la reflexión teológica y canónica continua sobre la sinodalidad y alentó una mayor inversión en programas de formación. También afirmó que las nuevas colaboraciones con instituciones académicas y el apoyo continuo a jóvenes teólogos contribuirían a cultivar una mentalidad sinodal en toda la Iglesia.

Por Kimberley Heatherington, OSV News

(OSV News) — Fue uno de los temas más polémicos de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 y ahora es un componente — estimado en 170.000 millones de dólares — de la versión del Senado del “Gran y hermoso proyecto de ley” de la administración Trump: la aplicación de la ley de inmigración y la deportación.

El proyecto de ley — llamado en inglés “Big Beautiful Bill” o OBBB — fue aprobado por el Senado el 1 de julio, después del voto decisivo del vicepresidente JD Vance para desempatar la votación de 50-50, y que volvió a la Cámara de Representantes para su aprobación definitiva. A través de la red social X, Vance argumentó que la aplicación agresiva de las leyes de inmigración merecía los recortes del proyecto de ley en las ayudas sociales (a los que se oponen los obispos estadounidenses) y los varios billones de dólares que se prevé que se añadan a la deuda nacional.

“Lo que llevará a este país a la bancarrota más que cualquier otra política, es inundarlo de inmigración ilegal y luego conceder a esos migrantes generosos beneficios. La OBBB soluciona este problema y, por lo tanto, debe aprobarse”, argumentó Vance, católico, en X antes de la aprobación del proyecto de ley, y añadió: “Todo lo demás — la puntuación de la CBO, la base de referencia adecuada, los detalles de la política de Medicaid — es irrelevante en comparación con el dinero del ICE y las disposiciones de control de la inmigración”.

La reacción católica tanto a las propuestas de inmigración del proyecto de ley de 940 páginas como a los acontecimientos relacionados que han ido ocurriendo, parece haber seguido una línea cautelosa entre el cumplimiento y la preocupación por las redadas diarias que los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas llevan a cabo en barrios, lugares de trabajo y estacionamientos de tiendas de costa a costa, con la conciencia de que el testimonio de la Iglesia Católica será observado tanto por el público como por los políticos.

“Todos estamos de acuerdo en no queremos aceptar en nuestras comunidades a esos inmigrantes indocumentados que son terroristas conocidos o criminales violentos”, dijo el arzobispo de Los Ángeles, José H. Gomez, el 9 de junio, tras los disturbios en la ciudad. “Pero no hay necesidad de que el gobierno lleve a cabo operaciones de inmigración de una manera que provoque miedo y ansiedad entre los inmigrantes comunes y trabajadores y sus familias”.

Los datos del ICE publicados el 16 de junio indican que menos del 10% de las personas detenidas desde octubre de 2024 han sido acusadas de delitos violentos, y más del 75% no tenían antecedentes más que infracciones de tráfico o de inmigración.

Ese mismo día, el arzobispo Timothy P. Broglio, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, publicó una reflexión antes de un retiro de una semana de la USCCB — como se le conoce a la conferencia episcopal por sus siglas en inglés — en California.

“En el contexto de un sistema migratorio seriamente deficiente, el arresto masivo y la remoción de nuestros vecinos, amigos y familiares basados solamente en su estado migratorio, especialmente en forma arbitraria o sin el debido proceso, representa una profunda crisis social ante la cual ninguna persona de buena voluntad puede permanecer en silencio”, afirmó el arzobispo Broglio, quien también dirige la Arquidiócesis de los Servicios Militares de Estados Unidos, en la traducción oficial de la USCCB de este mensaje.

“La situación está lejos de la comunión de vida y amor a la cual esta nación de inmigrantes debería aspirar”, añadió.

Al igual que el arzobispo Gomez, dijo que las medidas policiales “dirigidas a preservar el orden y garantizar la seguridad” son “necesarias para el bien común”, pero también declaró: “Los esfuerzos actuales van mucho más allá de individuos con antecedentes criminales”.

Antes de que la Cámara de Representantes y el Senado aprobaran sus respectivos proyectos de ley, la USCCB envió una carta a cada una de las cámaras del Congreso en relación con el proyecto de ley de Trump, “tanto para elogiar ciertas disposiciones importantes, como para instar encarecidamente a que se reconsideren las disposiciones que perjudicarán a los pobres y desfavorecidos, así como a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes”.

“Muchas disposiciones de este paquete también refuerzan un enfoque insostenible de la inmigración basado únicamente en la aplicación de la ley, al tiempo que colocan injustamente a las familias inmigrantes y de estatus mixto en una profunda desventaja”, afirmaba la carta de los obispos. “Entre ellas se encuentran disposiciones que penalizan a las familias que hacen todo lo posible por cumplir la ley, incluidas aquellas que huyen de la persecución”.

“También nos preocupa profundamente el nivel sin precedentes de financiación obligatoria que intensificaría la aplicación de la ley mucho más allá de los objetivos legítimos de promover la seguridad pública y llevar ante la justicia a quienes cometen delitos”, añadieron los obispos. “Estas disposiciones son contrarias al bien común”.

J. Kevin Appleby, investigador principal de política y comunicaciones del Centro de Estudios Migratorios de la ciudad de Nueva York y exdirector de política migratoria y asuntos públicos de la USCCB entre 1998 y 2016, predijo que estas tácticas de aplicación de la ley tendrán un profundo impacto en el catolicismo estadounidense.

“Este proyecto de ley incrementará las redadas de inmigración, las detenciones masivas y la separación de familias en todo el país, afectando a las familias inmigrantes que acuden a misa todos los domingos”, afirmó. “También afectará negativamente a la Iglesia en Estados Unidos como institución, ya que veremos más actividades de agentes de la ley en torno a las parroquias, con una disminución de la asistencia a Misa. La libertad religiosa debe aplicarse a todas las personas, no solo a los ciudadanos estadounidenses”.

Appleby también instó a los obispos estadounidenses a ser aún más contundentes en su oposición.

“La comunidad católica, ya sean los obispos o los feligreses individuales, debe oponerse firmemente a esta legislación, ya que viola muchos aspectos de la doctrina católica al perjudicar a los pobres y a los migrantes”, enfatizó. “Desde una perspectiva provida, podría aumentar el número de abortos, ya que este proyecto de ley podría empujar a la pobreza a un número significativo de mujeres con bajos ingresos”.

El aborto en Estados Unidos está muy relacionado con la pobreza y los bajos ingresos. El Instituto Guttmacher, que apoya el aborto legal, informó que el 75% de las mujeres que solicitan un aborto tienen bajos ingresos y el 50% están por debajo del umbral federal de pobreza. Aproximadamente seis de cada diez mujeres que solicitan un aborto ya son madres. Entre las principales preocupaciones señaladas se encuentran no poder criar otro hijo, perder la capacidad de trabajar o continuar con la educación o tener que cuidar de personas dependientes u otras responsabilidades familiares.

Honestamente, dijo Appleby, los obispos deberían estar gritando desde sus púlpitos contra este proyecto de ley, ya que está en juego la credibilidad de la voz moral de la Iglesia.

“Realmente es uno de los proyectos de ley de control de la inmigración con más repercusiones que hemos visto en décadas”, observó Dylan Corbett, consultor de la USCCB y director ejecutivo del Hope Border Institute, una organización de base que defiende los derechos de los inmigrantes y que trabaja en la región de El Paso, Texas, Ciudad Juárez, México, y Las Cruces, Nuevo México.

“Es la última pieza para sentar las bases de las deportaciones masivas”, afirmó Corbett. “Y es una inversión sin precedentes con un enfoque solo de aplicación de la ley, que perjudicará a las familias de comunidades de todo el país. Se trata de un enfoque exclusivamente punitivo para gestionar la inmigración en nuestro país”.

Según el Instituto CATO, con sede en Washington, el gasto en inmigración y control fronterizo representa dos tercios de los fondos federales destinados a la aplicación de la ley en el año fiscal 2025.

“Estamos criminalizando a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes a costa de los pobres”, argumentó Corbett. “Estamos recortando programas de servicios sociales esenciales, como los programas de Medicaid que protegen la vida; programas que garantizan que podamos proporcionar asistencia médica a los niños adoptados. Estamos recortando estos programas para invertir en este enfoque sin sentido”.

“Creo que este proyecto de ley no se puede corregir”, añadió. “Tenemos que tirarlo a la basura y empezar de nuevo”.

Corbett y sus colegas se encuentran, dada su ubicación, en el centro de las acciones de inmigración y deportación.

“Aquí, en El Paso, todos los días se deporta a personas cuando sus casos son desestimados por los jueces”, informó Corbett. “En cuanto salen de la sala del tribunal, son deportados”.

Daniel Di Martino, miembro del Instituto Manhattan, un grupo de expertos con sede en Nueva York “dedicado al estado de derecho en Estados Unidos”, recomendó en un reciente informe que el Congreso contrate a 250 jueces de inmigración adicionales al año durante los próximos cuatro años para reducir la acumulación de casos; aplicar la norma de “último en entrar, primero en salir” para tramitar los casos de asilo; y cobrar a los solicitantes de asilo “una tarifa de tramitación razonable” de 1000 dólares, además de lo que muchos ya pagan por los abogados que contratan. La tarifa, según Di Martino, “desalentaría las solicitudes sin fundamento”.

Corbett, al igual que los arzobispos Gómez y Broglio, reconoce la responsabilidad del Estado de proteger a las comunidades. Pero él también se pregunta si “están persiguiendo a personas que representan una amenaza para nuestras comunidades o si simplemente han tirado a la basura las prioridades de aplicación de la ley y están persiguiendo a todo el mundo, incluidas personas que llevan aquí décadas, familias y personas que contribuyen económicamente”.

El arzobispo Thomas G. Wenski, de Miami, manifestó recientemente esa misma preocupación en la edición del 11 de junio de su columna arquidiocesana, señalando que “una campaña de deportación masiva, financiada con esta legislación, resultará perjudicial para el futuro de nuestra nación, ya que se expulsará a residentes que han vivido mucho tiempo en el país con hijos ciudadanos estadounidenses que trabajan duro y contribuyen a nuestra economía y cultura. Esto no beneficia los intereses a largo plazo ni los valores de nuestro país”.

David Spicer, subdirector de políticas de los Servicios de Migración y Refugiados de la USCCB, dijo que las asignaciones sin precedentes del “Big Beautiful Bill” representan un aumento de casi el 400% en los fondos para detenciones con respecto a la asignación presupuestaria anterior.

“Con esta cantidad de dinero, el ICE podría financiar la detención de inmigrantes con una capacidad casi igual a la de todo el sistema penitenciario federal”, afirmó. “Las familias y las personas sin antecedentes penales, incluidas aquellas con cónyuges e hijos ciudadanos estadounidenses, serían aún más susceptibles al tipo de medidas de aplicación de la ley indiscriminadas y aleatorias que ya estamos empezando a ver en muchos lugares”.

“Esto sería totalmente contrario al llamamiento constante de los obispos para que la aplicación de las leyes de inmigración sea selectiva, proporcionada y humana”, añadió Spicer, “y contribuiría poco o nada a promover la seguridad pública”.

Tanto la Cámara de Representantes como el Senado anulan las protecciones para los menores no acompañados que no son ciudadanos, dijo también Spicer, imponiendo tarifas y proporcionando fondos para la expulsión acelerada, independientemente de la edad, sin acceso a asistencia legal. Ambas versiones imponen además nuevas y mayores tarifas para una serie de servicios de inmigración, como los permisos de trabajo y las solicitudes básicas presentadas en los procedimientos judiciales de inmigración.

El efecto práctico de tales tarifas — que son “insuperables” y “exorbitantes” para los migrantes, subrayó Spicer — es que “incluso alguien con la solicitud de asilo bien fundamentada, que puede demostrar con certeza que se enfrentará en su país de origen a una persecución que pone en peligro su vida, podría ver denegada la ayuda en Estados Unidos si no tiene la capacidad de pagarla”.

También se elimina la elegibilidad para los programas de asistencia alimentaria SNAP a los no ciudadanos que residen legalmente en los Estados Unidos, así como la elegibilidad de algunas familias de estatus mixto para el crédito tributario por hijos, es decir, se prohíbe a los padres no ciudadanos sin número de Seguro Social reclamar el crédito por un hijo ciudadano.

“Lamentablemente, el impacto general de este proyecto de ley sería debilitar nuestro sistema de inmigración legal, al tiempo que proporcionaría una afluencia masiva de recursos para la aplicación de la ley de inmigración, lo que tendría un efecto desproporcionado en las familias y los niños”, dijo Spicer. “Mientras tanto, el Congreso podría estar trabajando en una reforma migratoria significativa que reconozca las contribuciones esenciales de los inmigrantes y responda a las necesidades de las comunidades estadounidenses”.

(Kimberley Heatherington escribe para OSV News desde Virginia.)

Por Kate Scanlon, OSV News

WASHINGTON (OSV News) — Veinte obispos católicos estadounidenses se han sumado a una iniciativa interreligiosa en contra del Gran y Hermoso Proyecto de Ley (One Big Beautiful Bill Act), que promulgaría disposiciones clave de la agenda legislativa del presidente Donald Trump en materia de impuestos e inmigración, calificándola de “fracaso moral”.

El Senado está redactando su versión de la ley presupuestaria que los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron en mayo, bajo unas normas que permitirían su aprobación por mayoría simple y evitarían el obstruccionismo parlamentario. Trump ha pedido al Senado que apruebe el proyecto de ley no más tarde del 4 de julio.

Una carta de más de 40 líderes de varias corrientes religiosas, promulgada por el arzobispo John C. Wester de Santa Fe, Nuevo México, el 26 de junio, instaba a los senadores a rechazar el proyecto de ley.

“Nosotros, los líderes religiosos abajo firmantes, les escribimos para pedirles que se opongan a la HR 1, la ley de reconciliación presupuestaria que está siendo estudiada actualmente por el Senado de los Estados Unidos”, decía la carta. “Creemos que los cambios introducidos por el Senado de los Estados Unidos en la ley son insuficientes y no mitigan significativamente sus efectos adversos”.

El arzobispo Wester, al que se unieron 19 obispos estadounidenses para firmar la carta, declaró a OSV News que pensaban que sería “una buena idea que los líderes religiosos se unieran para expresar nuestra profunda preocupación por este proyecto de ley, porque va a perjudicar y dañar a mucha gente, en particular a los inmigrantes y las familias y a aquellos que dependen de la ayuda del Gobierno para sus necesidades médicas”.

“Esta (legislación) viola realmente nuestra doctrina social católica en lo que se refiere a la opción preferencial por los pobres, la acogida al extranjero en medio de nosotros, el bien común y la subsidiariedad”, afirmó. “Es un proyecto de ley muy draconiano que parece tener poca o ninguna consideración por las personas que se verán afectadas por él”.

La carta manifestó oposición a la asignación de millones de dólares a la campaña de deportación masiva del Gobierno y expresó su preocupación por que dicha campaña también pudiera afectar a sus lugares de culto.

“Ya hemos sido testigos de una reducción en la asistencia a muchos de nuestros servicios religiosos en nuestras denominaciones religiosas, ya que la amenaza de la aplicación de la ley ha disuadido a muchas familias de practicar su fe”, decía la carta.

También se opone a “los severos recortes en la cobertura de cuidado de salud y la ayuda alimentaria a millones de ciudadanos y residentes legales con bajos ingresos, incluyendo a los solicitantes de asilo y los refugiados”. Argumenta que esos recortes los empujarían “a una pobreza aún mayor”.

“Desde nuestras diversas perspectivas religiosas, la prueba moral de una nación es cómo trata a los más necesitados. En nuestra opinión, esta legislación perjudicará a los pobres y vulnerables de nuestra nación, en detrimento del bien común”, decía la carta. “Su aprobación sería un fracaso moral para la sociedad estadounidense en su conjunto”.

Entre los obispos que lideran diócesis que se unieron al arzobispo Wester se encontraban: el cardenal Robert W. McElroy, de Washington; el cardenal Joseph W. Tobin, de Newark, Nueva Jersey; el obispo Steven Biegler, de Cheyenne, Wyoming; el obispo John P. Dolan, de Phoenix; el arzobispo Paul D. Etienne, de Seattle; el obispo Joseph R. Kopacz, de Jackson, Misisipi; el obispo Michael M. Pham, de San Diego; el arzobispo Mitchell T. Rozanski, de San Luis; el obispo Jaime Soto, de Sacramento, California; el obispo John Stowe, de Lexington, Kentucky; el obispo Joseph J. Tyson, de Yakima, Washington; y el arzobispo Edward J. Weisenberger, de Detroit. El obispo emérito Nicholas DiMarzio, de Brooklyn, Nueva York, varios otros obispos auxiliares y representantes de las Hermanas de la Misericordia de las Américas completaron la lista de firmantes católicos de esa carta, que también incluyó a representantes de las tradiciones religiosas protestante, judía e islámica.

La diversidad de los firmantes, dijo el arzobispo Wester a OSV News, “refleja muy bien la profunda preocupación de tantas personas en todo el país por los inmigrantes y por nuestros conciudadanos que sufrirán a causa de este proyecto de ley”.

En otra carta publicada el mismo día a través de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), la conferencia elogió a los senadores por “las disposiciones que promueven la dignidad de la vida humana y apoyan la elección de los padres en materia de educación” en esa misma legislación. Pero también dejó claro que se necesitan “cambios drásticos” en la legislación para evitar “disposiciones que perjudicarán a los pobres y vulnerables”.

En una declaración, el arzobispo Timothy P. Broglio, de la Arquidiócesis de los Servicios Militares de Estados Unidos y presidente de la USCCB, afirmó: “El Congreso debe ser coherente en la protección de la vida y la dignidad humanas”.

“Como afirmó recientemente el Papa León XIV, es responsabilidad de los políticos promover y proteger el bien común, lo que incluye trabajar para superar la gran desigualdad económica”, afirmó el arzobispo Broglio. “Este proyecto de ley no responde a ese llamado. Quita a los pobres para dar a los ricos. Ofrece exenciones fiscales a algunos mientras socava la red de seguridad social para otros mediante importantes recortes en la asistencia nutricional y Medicaid. No protege a las familias ni a los niños al promover un enfoque de la inmigración basado únicamente en la aplicación de la ley y erosionar el acceso a la protección legal. Perjudica a la creación de Dios y a las generaciones futuras mediante recortes en los incentivos a las energías limpias y en los programas medioambientales”.

Citando la carta que la conferencia envió a los senadores, el arzobispo Broglio dijo que les instó a “pensar y actuar con valentía y creatividad para proteger la dignidad humana de todos, defender el bien común y cambiar las disposiciones que socavan estos valores fundamentales”.

La carta de la conferencia episcopal apoya las disposiciones que retirarían algunos fondos de los contribuyentes a Planned Parenthood, una disposición que promueve la libre elección de escuela y otra que, según ellos, incentivaría las donaciones benéficas y el desarrollo.

Sin embargo, se opusieron a los recortes de Medicaid y SNAP, a los recortes en las iniciativas medioambientales y al aumento de los fondos para políticas de inmigración “represivas”.

“Les instamos a que sigan siendo coherentes en la protección de la vida y la dignidad humana, buscando una mejor manera de avanzar que proteja, en lugar de perjudicar, a las personas pobres y vulnerables”, según la carta. “Antes de sacar adelante este proyecto de ley, les pedimos que piensen y actúen con valentía y creatividad para preservar la dignidad humana y defender el bien común, y que modifiquen las disposiciones que socavan estos valores fundamentales”.

Cuando se le preguntó por la carta de la USCCB a los senadores, el arzobispo Wester dijo que estaba “satisfecho de que la USCCB hubiera incluido en su carta sus objeciones al proyecto de ley”.

“Creo que fue algo positivo desde mi punto de vista”, afirmó, y añadió que su opinión personal, y la de los firmantes de la carta interreligiosa, es que “este proyecto de ley es tan terrible que debe ser rechazado de plano”.

Mientras tanto, varios grupos provida están instando a los senadores a que aprueben el proyecto de ley basándose en la disposición que retiraría algunos fondos a Planned Parenthood. Aunque Planned Parenthood ha advertido de que la decisión podría provocar el cierre de 200 de sus 600 clínicas en todo el país, no está claro cuántas vidas se salvarían del aborto como resultado.

Un informe de #WeCount publicado en junio muestra que el aborto en Estados Unidos efectivamente ha aumentado tras la decisión del caso Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization, en parte debido al aumento de los abortos facilitados por los proveedores de abortos a distancia.

Cuando se le preguntó cómo respondería a quienes apoyan la One Big Beautiful Bill Act debido a esa disposición, el arzobispo Wester dijo que el aborto es “un terrible flagelo”. Pero enfatizó que si más personas se ven “empujadas a una pobreza aún mayor”, es probable que la tasa de abortos aumente aún más.

“Sabemos que existe una correlación directa entre la pobreza y los abortos”, dijo el arzobispo Wester. “En mi opinión, este proyecto de ley probablemente aumentará la brecha”.

El aborto en Estados Unidos está fuertemente correlacionado con la pobreza y los bajos ingresos. El Instituto Guttmacher, que apoya el aborto legal, informó que el 75% de las mujeres que buscan abortar son de bajos ingresos y el 50% estaban por debajo del umbral federal de pobreza. Aproximadamente seis de cada diez mujeres que solicitan un aborto ya son madres. Entre las principales preocupaciones señaladas se encuentran no poder permitirse tener otro hijo, perder la capacidad de trabajar o continuar con la educación, o tener que cuidar de personas dependientes u otras responsabilidades familiares.

Los republicanos ocupan 53 escaños en el Senado y solo pueden permitirse tres deserciones de sus miembros si quieren aprobar el proyecto de ley sin el apoyo de los demócratas.

(Kate Scanlon es una reportera nacional de OSV News que cubre Washington. Síguela en X @kgscanlon.)

Por Kate Scanlon
WASHINGTON (OSV News) – Este 30 de mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que la administración Trump pusiera fin a las protecciones de deportación para más de 500.000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela – típicamente países de mayoría católica – mientras que una apelación de la orden del presidente sigue pendiente.

Anteriormente, la administración Biden concedió a algunos migrantes de esos cuatro países la posibilidad de entrar legalmente en Estados Unidos por motivos humanitarios, alegando condiciones peligrosas en sus países de origen. Tras el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, su administración revocó ese permiso (conocido como “parole humanitario), lo que provocó un desafío legal. Un juez federal bloqueó previamente que la administración Trump pusiera fin al programa.

La orden no firmada no explicaba el razonamiento de la mayoría.

En una opinión disidente, el juez Ketanji Brown Jackson, junto con la juez Sonia Sotomayor, reprendió a la mayoría del alto tribunal en la decisión, argumentando que “claramente estropearon” su evaluación.

“No exige casi nada al Gobierno con respecto al daño irreparable”, escribió Jackson. “Y subestima las devastadoras consecuencias de permitir que el Gobierno ponga fin precipitadamente a las vidas y medios de subsistencia de casi medio millón de no ciudadanos mientras sus reclamaciones legales están pendientes”.

“Incluso si es probable que el Gobierno gane en los méritos (del caso), en nuestro sistema legal, el éxito lleva tiempo y las normas de suspensión requieren más que una victoria anticipada”, escribió Jackson.
Ya en marzo, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos calificó la terminación del programa CHNV, como se le conoce por las letras de los países de los migrantes en ese programa, de “contraproducente” para los objetivos declarados de la administración Trump de promover el respeto por el estado de derecho y reducir la presión sobre las comunidades estadounidenses.

“Instamos a la Administración a considerar el impacto adverso de esta acción sobre los ciudadanos y no ciudadanos por igual, especialmente teniendo en cuenta las condiciones actuales en varios de los países implicados”, dijo la portavoz de la conferencia episcopal de EE.UU., Chieko Noguchi, en una declaración proporcionada a OSV News.

La doctrina social católica sobre inmigración, explicada por la la conferencia (USCCB por sus siglas en inglés), equilibra tres principios interrelacionados: el derecho de las personas a emigrar para mantener sus vidas y las de sus familias, el derecho de un país a regular sus fronteras y controlar la inmigración, y el deber de una nación de regular sus fronteras con justicia y misericordia.

J. Kevin Appleby, investigador principal de política del Centro de Estudios sobre Migración de Nueva York y ex director de política migratoria de la USCCB, dijo a OSV News: “Es particularmente preocupante que la administración se dirija a inmigrantes que fueron invitados a los Estados Unidos y entraron legalmente”.
“También provienen de países con regímenes opresivos y podrían ser objeto de persecución cuando sean devueltos”, dijo Appleby. “Muestra cierta hipocresía, ya que la administración califica a los inmigrantes de criminales pero sigue deportando a los que cumplen las normas”.

Appleby dijo que los individuos de otras naciones podrían haber sido tratados de manera diferente.
“Seamos sinceros, si este programa sirviera a inmigrantes de Noruega, Suecia o a los afrikaners de Sudáfrica, la administración no estaría intentando ponerle fin”, dijo.

En efecto, la decisión de la Corte Suprema significa que el Departamento de Seguridad Nacional puede revocar el estatuto de protección de estas personas mientras la Corte de Apelaciones del 1er Circuito de EE.UU. sopesa un recurso contra la propia orden.

El fallo de ese tribunal sigue pendiente.

(Kate Scanlon es una reportera nacional de OSV News que cubre Washington D.C. Síguela en X @kgscanlon.)