Por Rhina Guidos

Catholic News Service

SAN SALVADOR, El Salvador (CNS) — La imagen de Jesús, esposado y con ojos vendados en las procesiones de Semana Santa aquí, entró muy cerca en el corazón de Gabriela Rivas. Como muchas mujeres en El Salvador, Rivas pasó la Semana Santa buscando ayuda para su esposo, detenido sin causa, dijo, por autoridades el 10 de abril, Domingo de Ramos.

“No sabemos en qué condición está, no tenemos acceso a nada, no hay comunicación, no hay visitas”, y no hay forma de sacarlo de la carcel, dijo Rivas, una madre católica de dos hijos, en una entrevista el 15 de abril con Catholic News Service.

El esposo de Rivas es uno de los más de 12,000 salvadoreños que el gobierno ha detenido desde el 27 de marzo, el día en que legisladores aprobaron una ley de emergencia que facilitó las detenciones en el país centroamericano, una medida necesaria, dijeron las autoridades, para combatir la violencia de las pandillas tras un fin de semana que cobró un número récord de homicidios a finales de marzo.

“Más de 12,000 terroristas capturados en solo 21 días”, tuiteó el presidente salvadoreño Nayib Bukele el 15 de abril.

Pero Rivas dijo que su esposo no era terrorista ni pandillero. Era un motorista que intentaba ganarse el pan de cada día para sostener a su familia cuando el gobierno lo detuvo injustamente usando la ley de emergencia.

La medida suspende por 30 días libertades constitucionales, como el derecho de reunión, debido proceso, privacidad en las comunicaciones, y amenaza con detener a presuntos “colaboradores” de pandillas.

Muchos en el país centroamericano de alrededor de 6 millones han aplaudido las detenciones, algunas que han salido en la cuenta de Twitter del presidente con fotos de algunos de los detenidos con tatuajes afiliados a pandillas. Pero recientemente, Marvin Reyes, representante del Sindicato de Trabajadores de la Policía de El Salvador, dijo a las agencias de noticias en una conferencia de prensa que los policías han sido presionados para dar “falsas declaraciones” para cumplir con una cuota de detenciones.

Rivas cree que eso fue lo que le sucedió a su esposo, quien no tiene antecedentes penales ni afiliación con pandillas. Era solo un número para complacer una cuota, cree ella.

“Un oficial me dijo a mí de que era por las amistades que él tenía”, dijo, y piensa que se inventó la acusación, señalando a su esposo como un colaborador de pandillas sin tener pruebas.

Bukele reconoció a través de Twitter la probabilidad del “1%” de que algunas personas inocentes puedan ser detenidas bajo las detenciones masivas, sin embargo, organismos que velan por los derechos humanos en el país consideran que el porcentaje es más alto.

Entre las detenciones cuestionables más notables existe un incidente del 9 de abril que involucró a cuatro baristas capturados cuando se dirigían a su casa después de un turno. Las autoridades los fotografiaron esposados, con el uniforme de una cafetería popular donde trabajaban, subieron sus fotos a Twitter, identificaron a los jóvenes como pandilleros diciendo que el dinero de las propinas provenía de actividades ilegales. Sin embargo, tras protestas públicas, fueron liberados.

El periódico El Diario de Hoy también informó el 11 de abril del caso de un salvadoreño que estaba de visita en El Salvador desde EE.UU. con su sobrino, un menor de edad de Virginia. Ambos fueron detenidos cuando la policía allanó un evento donde se recaudaba fondos para una persona que padecía de una deficiencia renal. Amigos y conocidos recurrieron a Twitter para crear conciencia sobre su detención, pero no se sabe si han sido liberados.

Algunos dicen que los agentes de policía han estado yendo de puerta en puerta en algunos de los barrios más pobres del país preguntando cuales residentes tienen tatuajes, ya que los pandilleros los usan para identificarse con un grupo criminal en particular.

Como muchos salvadoreños, Rivas dijo que está harta de las pandillas y de la miseria que han desatado en gran medida sobre los pobres de El Salvador, pero pisotear los derechos básicos de los inocentes para acabar con ellos no está bien, dijo.

“Estamos de acuerdo que el gobierno combata hacia las pandillas pero también estamos de acuerdo que deberían hacer una investigación y que ellos tuvieran una denuncia, decirle ‘miren lo vamos detener por esto’ (antes de llevárselos)…tener su denuncia pero no, aquí no ha habido (debido) proceso”, dijo Rivas.

En una conferencia de prensa el 17 de abril, el arzobispo José Luis Escobar Alas de la Arquidiócesis de San Salvador, comparó las detenciones a una “medicina de mal gusto” diciendo que se habían considerado necesarias para detener el nivel de violencia y dijo que había hablado con “muchas personas” que vieron “esperanza” en lo que estaba pasando.

“He podido platicar con las personas del pueblo, personas que les toca que tomar el bus diariamente o que tienen sus pequeños negocios, etcétera, y la verdad, todas estas personas me han expresado estar de acuerdo, estar contentas, estar agradecidas porque sienten un alivio en su situación. Ahora ya pueden caminar con seguridad”, dijo el arzobispo. “Eso también hay que decirlo y, bueno, hay que decir que la violencia en este país, que este es el verdadero problema”.

La conferencia episcopal de obispos católicos salvadoreños no ha dicho nada al respecto, aunque algunos obispos oraron públicamente por las familias cuyos seres queridos han sido detenidos sin pruebas, y otros, como el cardenal Gregorio Rosa Chávez del país, instaron al gobierno a buscar el diálogo con otros actores en sociedad civil salvadoreña.

Algunos argumentan que las medidas de emergencia se han utilizado para restringir el derecho de la prensa, ya que el presidente y el partido Nuevas Ideas que fundó han atacado a periodistas.

En una declaración del 5 de abril, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, advirtió al gobierno contra algunas de las violaciones de derechos que han sufrido durante la persecución de elementos criminales.

“Las pandillas representan una amenaza para la seguridad nacional de El Salvador y Estados Unidos”, dijo. “Instamos a El Salvador a abordar esta amenaza y al mismo tiempo proteger las libertades civiles vitales, incluida la libertad de prensa, el debido proceso y la libertad de expresión”.

También instó al gobierno salvadoreño a permitir la extradición de ciertos líderes de pandillas en el país “para enfrentar la justicia en los Estados Unidos”, algo que ha sido negado.

El arzobispo Escobar Alas dijo que espera que abogados puedan enderezar cualquier caso que haya involucrado la detención de personas inocentes e instó al gobierno a brindar información a las familias sobre el paradero de sus seres queridos.

Para aquellos como Rivas, sin embargo, el daño ya está hecho. Ha contratado a un abogado, lo que le ha restado dinero a una situación económica ya de por sí precaria para la familia. El abogado le dijo que buscara declaraciones de vecinos, amigos, cualquier persona para que una vez que a su esposo se le permita tener un día en los tribunales, tal vez el apoyo de la comunidad pueda liberarlo, al igual que se liberaron a los baristas. Sus hijos han estado llorando, sus suegros también y ella está preocupada por los estragos económicos que la situación ha desatado en su familia.

“De él dependen dos hijos, él tiene un préstamo en el banco que él tiene que iniciar a pagar”, y aunque ella contribuye al ingreso mensual de la familia, él es quien paga la mayoría de las cuentas mensuales, dijo.

“Él nunca estuvo involucrado en problemas, ni siquiera cuando era joven, y mucho menos ahora que es un adulto con hijos que mantener”, dijo. “Nunca tuvo problemas, ni en su juventud, ni ahora que él ya es adulto. Entonces nos afecta de una manera, o sea, lamentable, pues, porque no esperábamos esto”.

Por David Agren

CHILPANCINGO, México (CNS) — Los jefes del crimen organizado local fueron los primeros en dar la bienvenida al obispo Salvador Rangel Mendoza cuando llegó a la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, a menudo violenta, para su toma de posesión en 2015. Ellos insistieron en partir inmediatamente el pan con el obispo.

“Fue algo accidental”, expresó el obispo Rangel sobre su llegada. “Me dijeron que no tuviera preocupación alguna, que ellos me iban a cuidar como amigos”, recordó. “Lo curioso fue que en vez de haberme ido a recibir el clero (los sacerdotes), me recibieron ellos”.

Dicha comida de bienvenida fue la primera de muchas reuniones con los jefes del crimen organizado en la diócesis, que, situado en el estado de Guerrero, es el centro de producción de heroína de México que ha estado plagado de conflictos con cárteles de droga.

El encuentro marcó el tono de como iba a ser su paso por Chilpancingo, ofreciéndole un adelanto de como él optaría por buscar el diálogo con todos los bandos. Este es un enfoque pastoral que trajo de su puesto anterior como obispo en el estado central de Hidalgo, donde los jefes del crimen organizado que conoció enviaron un par de vehículos para escoltarlo a Guerrero mientras conducía a su toma de posesión. Fueron estos mismos jefes quienes llamaron con anticipación a sus colegas del crimen para que le prepararan una bienvenida.

Sin embargo, esta situación también ha traído controversias y acusaciones. El gobierno del estado de Guerrero lo acusó de aceptar obsequios inapropiados de delincuentes — algo que el obispo niega — y los defensores de derechos humanos expresaron su consternación porque cultiva relaciones con victimarios en lugar de con víctimas de la violencia. Los analistas de seguridad también dicen que el obispo parece haberse acercado más a una organización criminal conocida como Los Ardillos.

A principios de este año, el obispo Rangel presentó su renuncia tras haber cumplido los 75 años, la edad establecida por el derecho canónico para que un obispo presente su renuncia al Santo Padre. Su sucesor, el obispo José de Jesús González Hernández, fue instalado el 19 de abril.

El obispo Rangel niega las acusaciones de cualquier relación adversa o favoritismos. Pero insistió de Los Ardillos: “En su zona no hay secuestros, ni extorsiones, ni asesinatos”.

Un analista de seguridad contactado por Catholic News Service señaló que tales afirmaciones de que los cárteles de droga pacifican las regiones que dominan y son moralmente mejores que sus rivales son comunes y, a menudo, imposibles de verificar.

“Todos los grupos con los que he hablado afirman que no extorsionan, no secuestran, ni matan a personas inocentes”, manifestó Falko Ernst, analista principal de México en International Crisis Group. “Estas afirmaciones, según mi experiencia, nunca están libres de contradicciones”.

Ante las críticas, monseñor Rangel dijo: “Siempre he dicho que los narcotraficantes son personas, tienen sentimientos, y tienen razones del porque actúan”. El obispo agregó que sus acciones se derivan de su vocación franciscana, que implica “acercarse a los enemigos”.

“Hemos trabajado en favor de la paz, eso que me han criticado mucho, del acercamiento a los narcotraficantes, pero ha sido la manera, la manera de lograr la paz en estas tierras”, acotó.

En su tiempo como jefe de la diócesis, el obispo Rangel a menudo aparecía en los titulares de los medios nacionales. Era conocido por hablar con una franqueza poco común entre los obispos católicos, quienes por lo general prefieren no opinar sobre asuntos políticos y de seguridad locales.

Él había criticado a la clase política local y las percepciones de su colusión con los cárteles de droga, diciendo después de las elecciones de Guerrero de 2021: “Ahora el que nos va a gobernar es el narco, no los políticos”.

El obispo Rangel también expresó su decepción con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llegó a su diócesis como candidato a fines de 2017 y prometió una amnistía para quienes están en el negocio de las drogas ilegales.

El obispo apoyó la idea de la amnistía, pero nunca se implementó. Mientras tanto, López Obrador ha impulsado una política de seguridad de “abrazos, no balazos”, lo que ha resultado en menos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos criminales, pero no ha calmado al país, indicó el obispo Rangel.

“El narco está aprovechando esta benevolencia, bondad del gobierno, o cierta debilidad del gobierno”, acotó.

El obispo Rangel llegó en un momento difícil al estado de Guerrero, cuando por un lado había una profunda pobreza en pueblos indígenas aislados y por el otro se encontraba la glamorosa ciudad de Acapulco. Su instalación se produjo poco después del ataque de septiembre de 2014 contra 43 futuros maestros, cuya escuela está en su diócesis — una tragedia en la que nadie sabe qué ocurrió realmente.

Los cárteles de droga también habían comenzado a fragmentarse en Guerrero a medida que los grupos criminales luchaban por la producción y comercialización de amapolas de opio, lo que ayudó a alimentar la crisis de opioides en Estados Unidos.

Sin embargo, los precios de la amapola se desplomaron en un 90 por ciento durante el tiempo del obispo Rangel en Guerrero cuando los cárteles de droga empezaron a producir “china blanca”, que contenía fentanilo, dijo. La situación se tornó tan desesperada para los agricultores pobres — que durante mucho tiempo habían cultivado amapolas de opio para llegar a fin de mes — que la diócesis empezó a organizar colectas de alimentos para la empobrecida zona montañosa.

Hoy en día, dice el obispo Rangel, los cárteles de droga ganan dinero a través de la extorsión y el secuestro y se han apropiado de las arcas de los gobiernos municipales.

A menudo el obispo Rangel ha intervenido en esas disputas, incluyendo algunas que involucran a la Iglesia Católica. Su primera reunión después de ser recibido por los jefes del crimen organizado fue para preguntar sobre las amenazas contra un sacerdote. Más tarde pidió a los jefes del crimen que extorsionaban a la catedral en la diócesis vecina de Tlapa que dejen de hacerlo.

Sin embargo, la relación entre los miembros del cartel de droga y la Iglesia Católica es complicada, especialmente porque los primeros pueden parecer piadosos. Un par de sacerdotes diocesanos fueron asesinados cuando regresaban de un festival de la ciudad en febrero de 2018, un crimen que sigue sin resolverse, pero que se cree que está relacionado con un cártel.

El padre comboniano John Ssenyondo fue asesinado en 2014 y sus restos arrojados a una fosa común. El obispo Rangel dice que el misionero comboniano de Uganda se negó a realizar un bautismo porque consideraba que el padrino, que era un líder de la aldea local, no era apto para el rol.

El obispo Rangel implementó una nueva política de no hacer preguntas sobre bautismos.

“El testigo puede ser de cualquier religión, cualquier ideología” para evitar problemas, dijo, y agregó: “por supuesto que no son los mejores testigos, pero tiene que haber un testigo”.

Él recordó un bautizo especialmente turbulento en el que un capo del crimen con “25 hijos e involucrado con cuatro mujeres, todas ahí”, llevó a un niño a recibir el sacramento.

“¿(En ese caso) qué hago yo?” preguntó. “No veo, no oigo . . .”.